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ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, RESIDUOS, INDUSTRIA Y ENERGÍA

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SERVICIOS QUE PRESTA

En nuestros días el modelo de explotación insostenible de los recursos naturales que caracterizó a las primeras etapas del desarrollo industrial ha empezado a entrar en crisis. Problemas como el agujero en la capa de ozono, el calentamiento global, la destrucción de los bosques primarios, la desaparición de la biodiversidad o el agotamiento de los caladeros por la sobrepesca evidencian una crisis de dimensiones planetarias.

Se empiezan a atisbar los primeros síntomas claros de agotamiento en los ecosistemas y las consecuencias de todo tipo que de ello se derivarán para la humanidad.

En respuesta a esta situación está surgiendo un nuevo concepto: el desarrollo sostenible, nacido de la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo de Río de 1992. Éste se caracterizó entonces al proclamarse que "el derecho al desarrollo debe cumplir de forma equitativa con las necesidades de desarrollo y de carácter medioambiental de las generaciones presentes y futuras".

En definitiva se pretende que se satisfagan las necesidades humanas actuales de acuerdo a una estrategia que respetando los recursos, disminuyendo la degradación ambiental y evitando la contaminación, no hipoteque el futuro de las próximas generaciones.

NORMAS QUE RIGEN EL SERVICIO, REQUISITOS Y CONDICIONES DE ACCESO, INCLUYENDO HORARIOS Y TARIFAS
CARTAS DE SERVICIOS ELABORADAS Y COMPROMISOS ASUMIDOS, ASÍ COMO EL GRADO DE CUMPLIMIENTO

Los Antecedentes Históricos en materia de actividades clasificadas se remonta al año 1925 con la Real Orden de 17 de noviembre, Reglamento de obras y Servicios donde se aprobó un nomenclátor con la triple clasificación en establecimientos insalubres, incómodos y peligrosos, el cual rigió y gobernó esta materia más de siete lustros. Posteriormente  se aprobó, por Orden del Ministerio de la Gobernación de 13 de noviembre de 1.950, una regulación de carácter transitoria, en lo que se refiriera a la clasificación de las industrias y al nomenclátor de las mismas.

Ante la necesidad de una revisión completa, once años más tarde se aprobó el Reglamento de 30 de noviembre de 1961, de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que sustituyó sin grandes diferencias al anterior Reglamento y nomenclátor del año 1925, desarrollando sus efectos de conformidad con una división cuatripartita de las actividades: Peligrosas o susceptibles de dañar a las personas o bienes; nocivas o capaces de provocar efectos perturbadores sobre determinados recursos naturales; insalubres, que inciden directa o indirectamente sobre la salud, y, por último, las molestas, o aquellas que producen incomodidad por efecto de su desarrollo.

La nueva reglamentación presentaba algunas innovaciones respecto a la normativa derogada, entre otras se encontraba la amplia intervención que atribuía a las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos para calificar las actividades a que se refiere este reglamento, que con anterioridad el gobernador civil, Presidente, designaba las Ponencias donde se dictaminaban los proyectos recibidos, y en los cuales estaban representados los Organismos que tenían relación más directa con la actividad, o por razón de las circunstancias que puedan derivarse de la misma, y en todo caso, la Jefatura de Sanidad y Delegación de Trabajo provinciales. 

Posteriormente con la entrada en vigor del RD 2843/1979, de 7 de diciembre, sobre transferencias de la Administración del Estado a la Junta de Canarias, se traspasaron las competencias en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, al ente preautonómico.

En el año 1983 con la aprobación del Decreto 459/1.983, de 15 de Diciembre, del Gobierno de Canarias, sobre atribuciones a la Consejería de Administración Territorial y Desarrollo Autonómico de actividades clasificadas,  asumiendo las competencias en materia de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,  la Consejería de Administración Territorial y Desarrollo Autonómico, creándose el Órgano de la administración denominado Comisiones Territoriales de Actividades Clasificadas, con sedes una en Santa Cruz de Tenerife, y la otra en Las Palmas de Gran Canaria.

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