EXCMO. CABILDO 
 
 
 
 
 
         INSULAR DE LA PALMA 

INFORME  

En el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 196 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarlos de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, esta Tesorería Insular emite el siguiente Informe. 

PRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, introduce el concepto de periodo medio de 
pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, 
de manera que todas las Administraciones Públicas deberán hacer público su periodo 
medio de pago. 

SEGUNDO.- El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, modifica el Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, que desarrolla la metodología de cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas. El ámbito subjetivo de 
aplicación de esta norma es el contemplado en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 
2/2012, es decir, el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y 
delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por 
el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996. El artículo 2.2 de la 
citada Ley Orgánica indica que el resto de las entidades públicas empresariales, 
sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las 
administraciones públicas, no incluidas en el artículo 2.1., tendrán asimismo 
consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de 
esta Ley que específicamente se refieran a las mismas. 

El Real Decreto 1040/2017 establece una nueva metodología económica para 
el cálculo y la publicidad del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas (en adelante PMP), así como la determinación de las 
condiciones para la retención de recursos de los regímenes de financiación para 
satisfacer las obligaciones pendientes de pago con los proveedores de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica 2/2012. 

El período medio de pago definido en este Real Decreto no modifica ni altera el 
plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en materia de 
morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, es un instrumento adicional, que según el Real Decreto 
permitirá fomentar la reducción de los plazos para el pago a los proveedores 

TESORERÍA INSULAR:  
INFORME SOBRE PERIODO MEDIO DE PAGO 
A PROVEEDORES  
 
NOVIEMBRE 2024 

El período medio de pago definido en este Real Decreto mide el retraso en 
el pago de la deuda comercial en términos económicos, y como se ha manifestado 
es un indicador distinto y que no hay que confundir con el periodo legal de pago 
establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a 
efectos de morosidad y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

TERCERO.- El artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público establece respecto del periodo legal de pago de las 
Administraciones Públicas que: 

”La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento 
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura 
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta 
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
[….], la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados 
o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los 
bienes o prestación del servicio”. 

Por su parte, el artículo 102.8 de la citada Ley 9/2017 indica que: “Se prohíbe el 
pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas”. 

CUARTO.- Computa para el presente cálculo las facturas comerciales entre la 
empresas y la Administración (capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del estado 
de gastos del presupuesto), expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el 
registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de 
obra aprobadas a partir de la misma fecha. 

No computan a efectos del cálculo las obligaciones de pago contraídas entre 
entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la 
contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la 
Financiación de los pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas 
de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, 
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos 
análogos dictados por órganos judiciales o administrativos así como aquellas cuya 
demora sean consecuencia del tercero. 

QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, las Entidades Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente la información relativa a su 
período medio de pago a proveedores referido al mes anterior antes del día treinta de 

cada mes en los portales web de las Entidades Públicas siguiendo criterios 
homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de las mismas, 
para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha facilitado un 
modelo tipo de publicación a través del portal de la Oficina virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales. 

SEXTO.-En aplicación de la metodología de cálculo establecida en el artículo 5 
del citado Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, sobre los datos contenidos a 
día de hoy, en el aplicativo contable y referidos al mes de NOVIEMBRE 2024, esta 
Tesorería INFORMA que resultan los siguientes ratios en las entidades cuyas 
funciones de tesorería tiene encomendadas: 

Ratio
Operaciones

Importe

Noviembre

Pagos
Realizados

2024

Pagadas

(días)

(euros)

Cabildo Insular 

de La Palma
46,78
2.433.015,76 €
       
60,83
8.877.382,94 €
   
57,81
Consejo Insular 

de Aguas
65,21
675.141,27 €
          
93,12
1.685.453,64 €
   
85,14
Escuela Insular 

de Música
46,81
19.615,09 €
           
28,3
29.913,30 €
        
35,63

PMP Global
3.127.772,12 €
       
10.592.749,88 €
  
62,43

Este PMP tan elevado no se debe a problemas de falta de liquidez en la 
tesorería del Cabildo ni de sus OOAA, ni a problemas en la gestión de cobros e 
ingresos, ni a la tramitación de los pagos en esta Tesorería ya que atendemos cada 
semana el pago de la práctica totalidad de las obligaciones presupuestarias 
reconocidas y contabilizadas como pendientes de pago. Las cuentas corrientes de la 
Tesorería Insular cuentan con liquidez suficiente para abonar las obligaciones 
presupuestarias relativas a estas facturas y certificaciones de obra pendientes de pago 
si ya estuviesen tramitadas y contabilizadas. El saldo de las cuentas corrientes a la 
vista de titularidad de este Cabildo, afortunadamente, aún es muy superior al importe 
de los pagos pendientes, y, por ejemplo, el jueves 31 de octubre de 2024 alcanzaba 
los 68.591.649,51 €  

SÉPTIMO.- El período medio de pago global del mes de noviembre de 2024 ha 
alcanzado los 62,43 días, se acompaña el detalle de los registros de este indicador 
que constan en la Tesorería de este Cabildo, desde el año 2018. 

PMP Global (días)

Mes
PMP MEDIA 2018-2020
PMP 2021
PMP 2022
PMP 2023
PMP 2024

Enero
25,15
31,44
23,46
39,73
35,72

Febrero
32,07
44,93
43,83
58,70
56,30

Marzo
29,00
34,82
29,35
46,37
72,41

Abril
36,50
18,94
48,42
45,32
83,76

Mayo
45,82
40,09
31,87
72,28
97,32

Junio
36,20
31,45
47,49
59,36
97,28

Julio
39,57
24,18
43,78
72,52
82,41

Agosto
49,96
36,05
72,58
81,56
63,71

Septiembre
45,20
25,70
68,75
68,19
67,97

Octubre
33,87
29,05
47,51
67,59
57,10

Noviembre
30,58
40,10
53,35
74,56
62,43

Diciembre
14,60
12,06
26,89
28,14

Ratio
Operaciones

Importe

Pagos
Pendientes

PMP
(días)

Pendientes

(días)

(euros)

Tal y como he indicado en varios informes de esta Tesorería, por ejemplo, de 
fechas 17 de noviembre de 2022, 8 de septiembre de 2023, 21 de noviembre de 2023, 
17 de mayo de 2024, o 3 de septiembre de 2024, el importe de los recursos que se 
van a dedicar mensualmente al pago a proveedores, no depende de aumentar aún 
más la liquidez disponible en nuestra tesorería, si no de la capacidad para gestionar y 
tramitar la contratación y las facturas y certificaciones de obra pendientes de pago, 
hasta la contabilización de sus respectivas obligaciones presupuestarias, o de la 
reducción de los gastos de este Cabildo y de sus Organismos Autónomos. 

A pesar del esfuerzo realizado por los empleados de este Cabildo durante los 
últimos años, que se ve reflejado en el aumento del volumen de los pagos realizados 
respecto a los años anteriores, el volumen del importe de los pagos pendientes sigue 
siendo muy elevado. Una conclusión a estos datos puede ser que el aparato 
administrativo de este Cabildo no tiene capacidad para absorber el incremento de las 
tareas originadas por el crecimiento desmesurado del presupuesto que ha sufrido este 
Cabildo durante los últimos ejercicios, (crecimiento del 67,88% desde 125.090.000€ en 
2021 a 210.000.000€ en 2024).  

Si atendemos a la evolución del importe de las facturas y certificaciones de 
obra que computan para el cálculo del PMP, cabe señalar que en el programa de 
contabilidad de este Cabildo, del Consejo Insular de Aguas y de la Escuela Insular de 
Música, consta que en 2019 se realizaron pagos por un Importe global de facturas que 
computan al cálculo del Período Medio de Pagos por un importe inferior a los 34 
millones de euros, este importe en 2023 superó los 84 millones de euros. En estos 
importes, están incluidos los correspondientes al Consejo Insular de Aguas y la 
Escuela Insular de Música. Esto supone un crecimiento de más del 152% entre 2019 y 
2023. Véase el detalle de estos importes: 

CABILDO y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
2019
2020
2021
2022
2023

Importe global de facturas pagadas que computan al PMP
33.304.395,75 €
 
40.468.911,86 €
   
45.018.590,40 €
 
76.666.273,79 €
 
84.150.314,14 €
 

Si prestamos atención al crecimiento de los pagos presupuestarios reflejados 
en las actas de arqueo contabilizadas por este Cabildo consta que en 2019 se 
realizaron pagos presupuestarios por un importe total inferior a los 130 millones de 
euros, este importe en 2023 superó los 214 millones de euros. A estos importes, aún 
habría que añadir los correspondientes al Consejo Insular de Aguas y la Escuela 
Insular de Música.  

CABILDO
2019
2020
2021
2022
2023

TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS
129.282.238,05 €
 
135.209.441,09 €
 
150.334.595,21 €
  
207.737.404,72 €
 
214.503.988,17 €
 

Estos datos además implican que más del 60% de los importes de las 
operaciones que dieron lugar a las obligaciones presupuestarias y a los pagos 
presupuestarios realizados por este Cabildo durante 2023, aunque no se ven 
reflejados en el cálculo del PMP, también supusieron una carga de trabajo para los 
Servicios insulares gestores de los gastos y para los Servicios económicos insulares, 
que además tienen entre otras funciones las de participar en la licitación de contratos y 
en la tramitación de las facturas para su pago. 
 
 

Si atendemos a los datos registrados por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, AIREF, la Diputación de Badajoz atiende a una provincia con 
una población de más de 660.000 habitantes, la Diputación de Salamanca atiende a 
una provincia con una población de más de 320.000 habitantes, el Cabildo Insular de 
Lanzarote atiende a una isla con una población de más de 155.000 habitantes 
mientras que el Cabildo Insular de La Palma atiende a una isla con una población de 
83.875 habitantes, sin embargo, en la liquidación de sus respectivos presupuestos del 
año 2023 constan los siguientes gastos no financieros: 

 
Diputación de Badajoz: 185,58 millones de euros. 
 
Diputación de Salamanca de 133,51 millones de euros. 
 
Cabildo de Lanzarote de 142,74 millones de euros. 
 
Cabildo de La Palma de 227,10 millones de euros. 

Lo cual se informa a los efectos de su envío telemático por la Intervención 
Insular a través de la Oficina virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales del portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, plataforma 
“Autoriza”, mediante firma electrónica, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el 6 apartado del RD Real Decreto 635/2014, de 25 de julio. 

El tesorero del Cabildo Insular de La Palma, a 20 de diciembre de 2024.  

Fecha: 2024.12.20 
12:30:11 Z