Comisión del Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente 

y Cambio Climático 
 
Comisión celebrada el 30 de septiembre de 2020. 
 
DICTAMEN 
 
ASUNTO Nº2.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS 
TASAS 
POR 
LA 
REALIZACIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
DE 
COMPETENCIA DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN MATERIA DE CAZA. 
 
La Sra. Presidenta somete a consideración de la Comisión, la 
propuesta de acuerdo de Dª María de los Ángeles Rodríguez Acosta, 
miembro corporativa delegada en la materia de Medio Ambiente, del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 
 
“Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la realización de 
actividades administrativas de competencia del cabildo insular de La 
Palma en materia de caza, y teniendo en cuenta los siguientes: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTACIONES JURÍDICAS 
 
Primero: La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 65. 4 dispone que los 
cabildos insulares asumen en la isla la representación ordinaria del 
Gobierno y de la Administración autonómica y desempeñan las funciones 
administrativas autonómicas previstas en este Estatuto de Autonomía y en 
las leyes, así como las que les sean transferidas o delegadas. 
 
Segundo: El Decreto 153/1994, de 21 de julio, de transferencias de 
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de caza, actividades 
clasificadas y urbanismo, establece en el artículo 2 que son competencias 
y funciones transferidas a los Cabildos Insulares, las siguientes: 
 
A) En materia de caza: 
1. La expedición de licencias para el ejercicio de la caza. 
2. La concesión de permisos para cazar en los terrenos de las 
Reservas y Cotos Nacionales de Caza, Cotos Sociales de la Caza y Zonas de 
Caza Controlada. 
3. La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores en 
materia de caza. 
4. La adopción de las medidas conducentes a la protección, 
conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de la riqueza cinegética 
insular y la aplicación de las medidas conducentes a la consecución de 
estos fines. 
5. La titularidad y gestión de las granjas cinegéticas. 
 
Tercero: El art. 133.2 de la Constitución Española establece que Las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y 
exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes; y, el 
artículo 142 garantiza la suficiencia de los medios de las haciendas 

 
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SECRETARÍA GENERAL

MCAA/mybp 

locales para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las 
Corporaciones, al señalar que las Haciendas Locales deberán disponer de 
los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley 
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente 
de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. 
 
Cuarto: Y, en el mismo sentido se pronuncia el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al 
establecer: 
1. Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir 
tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado 
reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten las 
Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla. 
2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia 
tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus 
tributos propios y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e 
inspección. 
Las 
Corporaciones 
locales 
podrán 
emanar 
disposiciones 
interpretativas y aclaratorias de las mismas. 
3. Es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación e 
inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que 
puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de 
las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración 
con otras entidades locales, con las Comunidades Autónomas o con el 
Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. 
 
Quinto: Respecto a las tasas, el artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, 
General Tributaria señala lo siguiente: 
2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en 
tasas, contribuciones especiales e impuestos: 
a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, 
la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de 
derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular 
al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de 
solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se 
presten o realicen por el sector privado. 
Y en los mismos términos se manifiesta el artículo 6 de la Ley 
8/1989, de Tasas y Precios Públicos. 
 
Sexto: Igualmente el artículo 20 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que:  
1.- Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, 
podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local, así como por la prestación de 
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos.  
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones 
patrimoniales que establezcan las entidades locales por: 
B) La prestación de un servicio público o la realización de una 
actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia 
local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto 
pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud 
o la recepción por parte de los administrados:  
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.  
Cuando 
los 
bienes, 
servicios 
o 
actividades 
requeridos 
sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.  
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no 
establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa 

 
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vigente.  
 
2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o 
se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o 
indirectamente por este en razón de que sus actuaciones u omisiones 
obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a 
prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento 
de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras. 
 
Y el apartado 4, señala que las entidades locales podrán establecer 
tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización 
de actividades administrativas de competencia local, y en particular por 
los siguientes: 
a) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o 
autoridades locales, a instancia de parte. 
 
Séptimo: Por lo tanto, en base a las consideraciones expuestas: 
1.- El Cabildo Insular de La Palma, está legitimado para establecer y 
exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.  
2.- El Cabildo de La Palma puede establecer tasas por la realización 
de actividades de su competencia. 
3.- Y expresamente, el artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales, 
señala la posibilidad de establecer tasas por la expedición de documentos 
a instancia de parte. 
Presupuestos que concurren en el caso que nos ocupa, ya que lo que se 
propone con la presente Ordenanza, es regular las tasas y tarifas 
aplicables a la realización de actividades de competencias del Cabildo 
Insular de La Palma, en materia de caza, por la expedición de documentos 
tales como licencias para el ejercicio de la caza, certificación 
acreditativa de la condición de morralero o auxiliar, inscripción en las 
pruebas de aptitud para la obtención por primera vez de la licencia de 
caza, y expedición de duplicados.  
 
Octavo: Respecto a la cuantificación de la tasa, el artículo 24.2 de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales señala lo siguiente: 
2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, 
el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste 
real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su 
defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de 
dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del 
inmovilizado 
y, 
en 
su 
caso, 
los 
necesarios 
para 
garantizar 
el 
mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya 
prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia 
del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y 
desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se 
calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 
competente. 
3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente 
ordenanza fiscal, en:  
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto,  
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos 
procedimientos.  
4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en 
cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas. 
 
De la Memoria Económica de las tasas que nos ocupa y de las tarifas 
referidas en el artículo 5 de la Ordenanza que se pretende aprobar, se 
deduce que el importe de las tasas, no exceden del coste real o 
previsible de la actividad de que se trata, intentándose ajustar al valor 

 
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de la prestación recibida. 
 
Noveno: El artículo 25 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
señala que los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para 
financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a 
la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto 
el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, 
respectivamente. 
En el expediente consta memoria económica de las tasas a aplicar, 
informe de intervención e informe de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.  
 
Décimo: Señala la LBRL, en su art. 106.2 que la potestad 
reglamentaria en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas 
fiscales reguladoras sus tributos propios. Y en este sentido el artículo 
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local establece que, en su calidad de Administraciones públicas 
de carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, 
corresponde, 
a 
los 
municipios, 
provincias 
e 
islas, 
la 
potestad 
reglamentaria y de autoorganización. Y en este sentido se pronuncia 
igualmente el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, que dispone que, en la esfera de su 
competencia, 
las 
Entidades 
locales 
podrán 
aprobar 
Ordenanzas 
y 
Reglamentos. 
 
Undécimo: En relación a la competencia orgánica, la competencia para 
aprobar las Ordenanzas Fiscales corresponde al Pleno de las Entidades 
Locales, artículos 22.1 .d y 33.1.b y 123 1.d) de la Ley de Bases de 
Régimen Local, si bien corresponde a la Junta de Gobierno Local (Consejo 
de Gobierno) la aprobación de los proyectos de ordenanza y de los 
reglamentos (Art. 127.1).  
 
Duodécimo: Las Ordenanzas fiscales, por expresa remisión de la Ley de 
Bases de Régimen Local (artículo 111), se tramitan y se aprueban conforme 
a lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la imposición y 
ordenación de tributos locales y al respecto dispone la Ley de Haciendas 
Locales, en el artículo 15 apartados 1 y 3 lo siguiente:  
1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, 
las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus 
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales 
reguladoras de estos. 
3. Asimismo, 
las 
entidades 
locales 
ejercerán 
la 
potestad 
reglamentaria a que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley, 
bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos 
locales, 
bien 
mediante 
la 
aprobación 
de 
ordenanzas 
fiscales 
específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de los tributos locales. 
 
Decimotercero: Señala el artículo 16 de la Ley de Haciendas Locales 
el contenido mínimo de las ordenanzas fiscales, disponiendo:  
1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del 
artículo anterior contendrán, al menos: 
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, 
exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, 
tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. 
b) Los regímenes de declaración y de ingreso. 
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 
Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las 
normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15. 
Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán 
adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos 

 
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tributos. 
Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y 
del comienzo de su aplicación 
 
Decimocuarto: En cuanto al procedimiento, el artículo 17 de la Ley de 
Haciendas Locales, dispone: 
1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales 
para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la 
fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las 
respectivas 
cuotas 
tributarias, 
así 
como 
las 
aprobaciones 
y 
modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán 
en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de 
exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de 
la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los 
órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos 
de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en 
un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad 
autónoma uniprovincial. 
3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones 
locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las 
reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción 
definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se 
refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el 
apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente 
a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus 
modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la 
provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que 
entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 
5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en 
todo caso, las demás entidades locales cuando su población sea superior a 
20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales 
reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio 
económico correspondiente. 
En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las 
ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden. 
 
Decimoquinto: Por lo tanto, de conformidad con lo referido, el 
procedimiento se sintetiza en: 
a) Aprobación del proyecto de Ordenanza por el Consejo de Gobierno 
Insular (artículo 41 del Reglanento Orgánico de Gobierno, Administración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma). 
b) Dictamen de la Comisión Informativa del Pleno de Medio Ambiente. 
c) Aprobación inicial por el Pleno, mediante acuerdo adoptado por 
mayoría simple. 
d) Información pública y audiencia de los interesados por un plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 
e) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva de la Ordenanza por el Pleno; 
entendiéndose, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, que el acuerdo hasta entonces provisional queda 
automáticamente elevado a definitivo. 
f) Publicación del texto íntegro de la Ordenanza 
 
Previamente, deberá también llevarse a cabo el trámite de consulta 
previa establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
que no puede considerarse incluido en el trámite de participación 
ciudadana regulado en el art. 17 del TRLH y que tiene lugar con carácter 
previo a la elaboración del proyecto de ordenanza y se sustancia a través 
del portal web de la administración competente. 
 
Esta consulta pública se ha sustanciado mediante a través del Portal 
web 
de 
la 
Corporación 
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor1.j
sp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=19323&tipo=5&nivel=1400&codResi=1&l
anguage=es) habiéndose publicado igualmente en el Tablón de Anuncios de 
este Cabildo Insular, desde el día 30 de julio de 2020 hasta el día 18 de 
agosto de 2020. 
 
Decimosexto: Visto el Decreto de la Presidencia Número 1947/2020, de 
19 de marzo de 2020, de nombramiento de Dª María de los Ángeles Rodríguez 
Acosta como miembro corporativa delegada en la materia de Medio Ambiente; 
y la Resolución de la Miembro Titular del Área de Seguridad, Emergencias, 
Participación Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático 
Núm. 2020/1978, de fecha de 20 de marzo de 2020, de delegación en miembro 
corporativa con delegación especial en materia de Medio Ambiente, así 
como lo previsto el artículo 23 del vigente Reglamento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular de La 
Palma, en relación con el artículo 21 g) en cuanto a las atribuciones de 
los miembros corporativos delegados. 
 
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, 
de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de Gobierno 
Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de Gobierno Insular, 
se PROPONE al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente  
 
ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar el proyecto de ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA 
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN MATERIA DE CAZA,  cuyo contenido 
literal es el siguiente: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA EN MATERIA DE CAZA. 
 
Artículo 1. — Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución Española; por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20, en relación con los artículos 15 a 19, del 
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
establece la tasa y tarifas aplicables por la realización de actividades 
administrativas de competencia del Cabildo Insular de La Palma en materia 
de caza. 
 
Artículo 2. — Hecho imponible. 
El hecho imponible estará constituido por la realización de 
actividades en régimen de derecho público consistentes en:  
− Licencia para el ejercicio de la caza.  
− Certificación acreditativa de la condición de morralero o auxiliar. 
− Inscripción en las pruebas de aptitud para la obtención por primera 
vez de la licencia de caza. 
− Expedición de duplicados. 
 
 

 
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Artículo 3. — Sujetos pasivos:  
Serán sujetos pasivos de las tasas quienes: 
1.- Soliciten la licencia, certificado o duplicado correspondiente.  
2.- Soliciten su inscripción en las pruebas de aptitud.  
 
Artículo 4. — Causas de denegación. 
—No reunir requisitos de cazador. 
—Haberse acreditado la mala práctica del ejercicio de caza. 
—Tener cualquier deuda económica con el Cabildo Insular de La Palma. 
—Cualquiera otra que acredite que el permiso o licencia como cazador 
pudiera perjudicar el interés y finalidad propia del ejercicio de caza en 
La Palma. 
 
Artículo 5. — Cuota tributaria. 
1.ª La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a las 
tarifas que a continuación se señalan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6. — Exenciones y bonificaciones. 
Se fija una bonificación del 20% de la tasa por licencia de caza de 
los cazadores que al inicio de la temporada cinegética hayan cumplido 65 
años. 
 
Artículo 7. —  Liquidación. 
La 
tasa 
se 
exigirá 
en 
régimen 
de 
autoliquidación, 
por 
el 
procedimiento de presentación de copia de la liquidación abonada, al 
escrito de solicitud de la tramitación del expediente o documento, sin 
que se pueda iniciar la tramitación del expediente hasta que no quede 
acreditado 
el 
ingreso 
en 
las 
Arcas 
Municipales 
de 
las 
tasas 
correspondientes. 
 
Artículo 8. —  Devengo. 
La obligación de pago de la tasa se origina en el momento de la 
solicitud de licencia, certificado, duplicado o de inscripción en las 
pruebas de aptitud. 

LICENCIAS DE CAZA 
IMPORTE TASA 
 
A1  (ESCOPETA Y PERROS) 
22,49 
A1-C (ESCOPETA HURON Y PERROS)  
65,57 
A1-R  (CAZA MAYOR)  
33,68 
A1-C1-R (ESCOPETA HURON PERROS Y CAZA 
MAYOR)   
76,75 
B1 (PERROS)  
10,87 
B1-C (PERROS Y HURON)  
53,95 
B1-R CAZA MAYOR SIN ARMAS DE FUEGO 
22,06 
A2 (ESCOPETA Y PERROS -16 Y17 AÑOS) 
 
10,87 
A2-C (ESCOPETA, HURON Y PERROS -16 Y17 
AÑOS) 
 
53,95 
A2-R (CAZA MAYOR-16 Y 17 AÑOS) 
 
22,06 
B2 (PERROS -14 A 17 AÑOS) 
 
4,95 
B2-C (PERROS Y HURON -14 A 17 AÑOS) 
 
48,03 
C (COMPLEMENTO HURON) 
 43.07 
R (RECARGO CAZA MAYOR) 
11,19 
CERTIFICADO MORRALEROS (+ de 18 a) 
10,00 
CERTIFICADO MORRALEROS (- de 18 a) 
5,00 
DUPLICADOS 
3,00 
PRUEBAS DE APTITUD LICENCIAS CAZA 
10,00 

 
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Disposición final. 
Aprobación y vigencia. La presente Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día … de … de 2020, 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
 
Segundo.- Proponer igualmente la aprobación a la Comisión de Pleno de 
Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático. 
 
Santa Cruz de La Palma, 14 de septiembre de 2020. LA MIEMBRO 
CORPORATIVA DELEGADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los Ángeles 
Rodríguez Acosta.” 
 
 
Teniendo en cuenta que consta: 
 
I.- El informe-propuesta favorable emitido por la Jefa de 
Servicio Administrativo de Medio Ambiente y Emergencias, Dª. 
Carmen J. Acosta Gil, de fecha 21 de mayo de 2020. 
 
II.- La memoria económica en materia de caza de la Jefa de 
Servicio Administrativo de Medio Ambiente y Emergencias, Dª. 
Carmen J. Acosta Gil, de fecha 1 de junio de 2020. 
 
III.- El informe de Intervención nº 122/2020, de fecha 12 de 
junio de 2020, fiscalizado de conformidad con observaciones: “El 
apartado de la Memoria que se adjunta en el Expediente, dedicado 
a los “Costes” se recoge una previsión de los gastos que realiza 
el Cabildo Insular en la actividad de la caza que supera los 
11.500.000 de € 
anuales. En contraste con esto, resulta 
especialmente llamativo el importe de los ingresos por esta tasa, 
que en 2019 solo alcanzó los 52.390,68 €, por lo que representa 
un déficit anual para el Cabildo Insular superior a 11.000.000 de 
€. Respecto a esta circunstancia debemos señalar que el artículo 
7.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 d abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que “La 
gestión de los recursos estará orientada por la eficacia, la 
economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de 
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector 
público”. Asimismo, el apartado tercero de este artículo, señala 
que los actos administrativos que afecten a los gastos e ingresos 
públicos, presentes o futuros, deberán valorar las repercusiones, 
y 
efectos, 
supeditándose 
a 
los 
principios 
de 
estabilidad 
presupuestaria 
y 
sostenibilidad 
financiera. 
Debido 
a 
esta 
previsión legal, a juicio del que suscribe, debería incorporarse 
un 
informe 
que 
determine 
la 
estabilidad 
presupuestaria 
y 
sostenibilidad 
financiera 
de 
esta 
actividad 
administrativa 
ejercida por el Cabildo Insular”. 
 
IV.- El informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, emitido por la Jefa de Servicio Administrativo de 
Medio Ambiente y Emergencias, Dª. Carmen J. Acosta Gil, de fecha 
29 de junio de 2020. 
 
La miembro corporativa delegada de Medio Ambiente, Dª. María de 
los Ángeles Rodríguez Acosta, toma la palabra explicando que desde que 
tomó posesión de su cargo como Consejera y tuvo conocimiento del 
expediente y de la necesidad de aprobar esta Ordenanza Fiscal se ha 
tratado de impulsar el expediente para la aprobación de esta normativa, 
que hoy se trae para su dictamen a la Comisión del Pleno  Medio 
Ambiente. 
 

 
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Dª Jesús María Armas Domínguez, de CC-PNC, interviene diciendo que 
en una sesión plenaria señalo sus dudas respecto al cobro de tasas por 
el Servicio de Medio Ambiente y en concreto de la licencias de caza, en 
concreto en la sesión plenaria de 07 de febrero de 2020, en cuanto a la  
exención o bonificación del pago de las tasas de  licencias de caza, 
preguntando, en concreto, si iba a ser con carácter retroactivo, para 
los que pagaron las tasas al principio de año, si se les va a devolver 
el dinero o si se va a bonificar de alguna forma, recordando el 
compromiso del Sr. Presidente de celebrar una Comisión al respecto y 
después de 8 meses se celebra hoy esa Comisión.  
 
 
Así mismo, continúa la Sra. Consejera se nos remitió el informe 
jurídico emitido por el Servicio, es más detrás de las licencias de caza 
estaba impresa la ordenanza de la CCAA de Canarias.  
 
 
Interviene la Jefa del Servicio Administrativa del Servicio de 
Medio Ambiente, Dª Carmen Jesús Acosta Gil, señalando que la tramitación 
del expediente administrativo es un tema jurídico y técnico, ya que 
cuando toma posesión de la Jefatura y advierte la no existencia de la 
Ordenanza Fiscal del Cabildo para el cobro de las tasas, no siendo de 
aplicación la ordenanza de la CCAA de Canarias, lo pone en conocimiento 
de la institución, ya que se puede incurrir en responsabilidad penal 
cuando se exigen tasas sin el amparo de la preceptiva normativa 
reguladora y con su preceptivo expediente administrativo incluyendo la 
Memoria económica financiera. 
 
 
La Sra. Armas Domínguez, de CC-PNC, señala que en su momento el 
partido popular en su campaña electoral prometió una bonificación del 
50% de las tasas, y se ha incluido en el presupuesto corporativo una 
partida de 50.000 euros de ingresos, por la recaudación de dichas tasas. 
 
 
Es más el anterior Consejero Delegado de Medio Ambiente, D. Borja 
Perdomo Hernández, continúa la Sra. Armas Domínguez, señalo en la sesión 
plenaria mencionada, la existencia de un informe jurídico del Servicio 
que recomendaba que hasta que no existiera  una tasa aprobada por el 
Cabildo para estas licencias, no se cobrase ninguna licencia de caza y 
el Presidente en un Decreto se refería a la situación creada por el 
Covid-19  y a la reducción de tasas y por eso se solicito toda la 
documentación al respecto. 
 
 
La Jefa del Servicio Administrativo continúa diciendo que, desde 
el mes de enero no se han cobrado tasas por la expedición de las 
licencias de caza pero como consecuencia de la previa información 
pública del proyecto de la ordenanza, de conformidad con la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre y de la pandemia se publico en la web y el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación el día 30 de julio de 2020 y este anuncio 
no se remitió con la documentación remitida a la Sra. Consejera porque 
no existía en aquel momento. 
 
 
La Sra. Armas Domínguez, de CC-PNC,  vuelve a intervenir señalando 
que tenía una información de que el anuncio se había publicado antes, a 
lo que la miembro corporativa delegada de Medio Ambiente contesta 
diciendo que esta es la documentación existente en el expediente, y que 
otras informaciones no han salido el Servicio de Medio Ambiente, y que 
puede provenir de otros medios. 
 
 
La Sra. Armas Domínguez, de CC-PNC, continúa señalando que por lo 
que se deduce del informe jurídico se ha cometido una ilegalidad al 
exigir unas tasas sin estar aprobada la Ordenanza Fiscal reguladora, 
preguntando si también es una ilegalidad no exigir el cobro de las tasas 
desde enero. La Jefa del Servicio Administrativo, contesta diciendo que, 
en su opinión la ilegalidad es mayor si se  cobra sin Ordenanza Fiscal a 
que no se cobre nada. 

 
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Por otro lado, pregunta la Sra. Armas Domínguez, si se han 
tramitado expediente de devolución de ingresos indebidos por el cobro de 
dichas tasas, ya que es posible que se pueda exigir hasta cinco años 
para atrás, contestado la Jefa del Servicio Administrativo de Medio 
Ambiente que ya se están tramitando los expedientes de devolución que se 
han que han solicitado por los interesados. 
 
 
D. Carlos Javier Cabrera Matos, del PP, expone que en el debate ha 
quedado aclarado que una vez que se detecta por el Servicio Insular de 
Medio Ambiente la inexistencia de la Ordenanza Fiscal se paraliza el 
cobro de las tasas y se inicia un expediente para la elaboración de la 
necesaria Ordenanza Fiscal Reguladora; si en algún momento el Presidente 
del Cabildo Insular ha hablado de exenciones o bonificaciones no se ha 
empleado los términos jurídicos adecuados al no existir ordenanza 
fiscal. 
 
 
La miembro corporativa delegada de Medio Ambiente vuelve a 
reiterar los tiempos que se han tenido para la tramitación del 
expediente y que es ahora cuando han iniciado una vez que completo éste. 
 
 
D. Antonio Pérez Riverol, de CC-PNC, recuerda que incluso el 
anterior Consejero de Medio Ambiente, hablo de bonificaciones de las 
tasas, por lo que pudo expresarse mal. 
 
 
En este momento, la Secretaria de la Corporación formula diversas 
observaciones y aclaraciones respecto al expediente. 
 
Sometido a votación los miembros de la Comisión, por mayoría (6), 
con el voto a favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos PP 
y PSOE; y la abstención de los Sres. y las Sras. Consejeras del Grupo 
CC-PNC, si bien manifiestan que pronunciarán el sentido de su voto en el 
Pleno, aprueba la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la 
realización de actividades administrativas de competencia del Cabildo 
Insular de La Palma en materia de caza. 
     
 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN       LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 
 
 
 
 

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