Servicio de Infraestructura 
 

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38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 

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DOÑA Mª DEL CARMEN ÁVILA ÁVILA, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL 
EXCMO.CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
C E R T I F I C O: Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en 
Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día 8 de julio de dos mil 
veintidós, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
ASUNTO Nº14.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1/2022 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA. 

El Sr. Presidente somete al Pleno el texto del dictamen, de la 
Comisión de Presidencia, Promoción Económica, Empleo y Comercio, 
celebrada el 5 de julio de 2022, cuyo contenido literal es el que 
sigue: 

 
“Por la Presidencia se expone a consideración de la Comisión de 
Pleno de Presidencia, Promoción Económica, Empleo y Comercio, la 
propuesta aprobada por el Consejo de Gobierno Insular en sesión 
extraordinaria celebrada el 01 de julio de 2022, y cuyo contenido es 
del siguiente tenor literal: 

 
D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, en calidad de Presidente Accidental 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y en virtud de las 
atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
ANTECEDENTES 

 
Visto el informe de la Secretaria General del Pleno de fecha 22 
de junio de 2022. 

 
Visto el informe favorable del Servicio Asesoría y Defensa 
Jurídica de fecha 24 de junio de 2022, y teniendo en cuenta los 
siguientes: 

FUNDAMENTOS 

Primero.- La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local modificó la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), 
reguló en los denominados municipios de régimen especial o de gran 
población, la figura del personal directivo. Dicha reforma adicionó a 
la LRBRL un nuevo título (el Título X), mediante el cual se estableció 
un régimen orgánico específico para los denominados municipios de gran 
población, 
recogiendo 
una 
nueva 
clasificación 
de 
los 
órganos 

1 
 

SECRETARÍA GENERAL

        
 
          MCAA/mybp 

superiores municipales: el alcalde y los miembros de la Junta de 
Gobierno Local, y los de carácter directivo (art. 130 LRBRL). 

A este Cabildo Insular le es aplicable este Título X de 
conformidad con la Ley 5/2005, de 11 de noviembre, aprobada por el 
Parlamento de Canarias. En efecto, el artículo 130 de la LRBRL señala 
lo siguiente: 

“1. Son órganos superiores y directivos municipales los 
siguientes: 

A) 
Órganos superiores: 
a) El Alcalde. 
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
B) 
Órganos directivos: 
a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía. 
b) Los directores generales u órganos similares que culminen 
la organización administrativa dentro de cada una de las grandes 
áreas o concejalías. 

c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno 
Local y al concejal- secretario de la misma. 

d) El titular de la asesoría jurídica. 
e) El Secretario general del Pleno. 
f) El interventor general municipal. 
g) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. 
 
(La Sentencia TC Pleno 103/2013, de 25 de abril, declara 
constitucional el art. 130.1.B, en la redacción dada al mismo por el 
artículo primero de la 57/2003, de 16 de diciembre, siempre que se 
interprete de acuerdo con lo señalado en el Fundamento Jurídico 5. J), 
que declara: «el precepto impugnado admite una interpretación conforme 
con lo hasta aquí afirmado pues, en la medida en que se limita a 
relacionar, dentro de los órganos directivos, los titulares de órganos 
que pertenecen a la organización básica de los municipios de gran 
población, no impide a las Leyes autonómicas que completen, dentro de 
su competencia para regular la organización complementaria, este 
elenco de órganos directivos). 

 
2. 
Tendrán también la consideración de órganos directivos, los 
titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos 
autónomos y de las entidades públicas empresariales locales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 85 bis, párrafo b). 

 
3. 
El nombramiento de los coordinadores generales y de los 
directores 
generales, 
atendiendo 
a 
criterios 
de 
competencia 
profesional y experiencia deberá efectuarse entre funcionarios de 
carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades 
Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a 
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el 
Reglamento 
Orgánico 
Municipal 
permita 
que, 
en 
atención 
a 
las 
características 
específicas 
de 
las 
funciones 
de 
tales 
órganos 
directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. 

 
(Número 3 del artículo 130 redactado por el número treinta y 
tres del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local). 

 
4. 
Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al 
régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 

2 
 

Administraciones públicas, y en otras normas estatales o autonómicas 
que resulten de aplicación”. 

 
Por su parte, el artículo 32 bis de la LRBRL, relativo al 
personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares del 
mismo texto legal dispone lo siguiente: 

 
 “El nombramiento del personal directivo que, en su caso, 
hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá 
efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y 
experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de 
carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en 
el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico 
permita que, en atención a las características específicas de las 
funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha 
condición de funcionario”. 

(Artículo 32 bis introducido por el número doce del artículo 
primero de la Ley 27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local). 

Segundo.- Asimismo, el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP) 
regula al personal directivo profesional de la siguiente manera: 

“El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades 
autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el 
régimen jurídico específico del personal directivo así como los 
criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con 
los siguientes principios: 

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas 
profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales 
en las normas específicas de cada Administración. 

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y 
a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos 
que garanticen la publicidad y concurrencia. 

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo 
a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su 
gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les 
hayan sido fijados. 

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal 
directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación 
colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo 
reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación 
laboral de carácter especial de alta dirección”. 

 
Tercero.- Por otro lado, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares, en su artículo 64 sobre los órganos superiores y 
directivos, establece que: 

“1. Son órganos superiores de la administración de los cabildos 
insulares: 
el presidente del cabildo insular y los consejeros 
insulares titulares de áreas o departamentos insulares. 

3 
 

2. Son órganos directivos de la administración de los cabildos 
insulares los que se establezcan con tal carácter en sus reglamentos 
orgánicos en desarrollo de lo establecido en esta ley y en el marco de 
la legislación básica de régimen jurídico de las administraciones 
públicas. Asimismo, son órganos directivos los órganos de dirección de 
los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales 
insulares”. 

Por su parte, el artículo 65 relativo al control de los órganos 
superiores y directivos dispone que: 

 “1. Los órganos superiores y directivos de la administración de 
los cabildos insulares están sujetos al control del pleno, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación de régimen local y en la presente 
ley, así como a lo que se prevea en el reglamento de organización y 
funcionamiento aprobado por el pleno de la corporación insular 
respectiva. 

2. Asimismo, sin perjuicio del superior control y fiscalización 
del pleno, corresponde a las comisiones del pleno el seguimiento de la 
gestión del presidente del cabildo insular, del consejo de gobierno 
insular y de los órganos superiores y directivos de la administración 
insular”. 

Cuarto.- La Ley 3/2021, de 6 de julio, de modificación de la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares regula el régimen de 
nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de 
los cabildos insulares, distinguiendo los órganos directivos de 
naturaleza política de los restantes órganos directivos. 

Y por lo que interesa en este informe, el artículo 74.2 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, tras la modificación aprobada, establece 
que “las personas titulares de las 
direcciones insulares serán 
nombradas y cesadas libremente por el consejo de gobierno insular a 
propuesta de la presidencia del cabildo insular de entre quienes 
reúnan los requisitos previstos en el artículo 78.1, así como los 
requisitos de idoneidad exigibles para los altos cargos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias”. En el mismo sentido y en relación 
con las coordinaciones insulares, el artículo 76.2 del mismo texto 
legal dispone que “las personas titulares de las coordinaciones 
insulares serán nombradas y cesadas libremente por el consejo de 
gobierno insular a propuesta de la presidencia del cabildo insular de 
entre quienes reúnan los requisitos previstos en el artículo 78.1, 
así como los requisitos de idoneidad exigibles para los altos 
cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

Asimismo, en lo que respecta a los requisitos de los titulares 
de los órganos directivos, el apartado primero del artículo 78 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, señala que “el nombramiento de las personas 
titulares de las coordinaciones insulares, direcciones insulares y 
demás órganos directivos del cabildo insular deberá efectuarse, de 
acuerdo 
a 
criterios 
de 
formación, 
competencia 
profesional 
y 
experiencia, entre el funcionariado de carrera del Estado, de las 
comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de 

4 
 

carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en 
el subgrupo A1, salvo que el correspondiente reglamento orgánico 
permita que, en atención a las características específicas de las 
funciones de tales órganos directivos, su titular pueda ser designado 
de entre personas que estén en posesión del grado universitario que 
habilita para el acceso a los cuerpos y escalas clasificados en el 
mencionado subgrupo A1”. 

Finalmente, 
resulta 
conveniente 
hacer 
referencia 
a 
la 
Disposición adicional tercera referente a los altos cargos de los 
cabildos insulares, que dispone lo siguiente: 

“1. Tienen la condición de cargos públicos de la administración 
de los cabildos insulares: 

a) 
El presidente o presidenta. 
b) 
Los consejeros o consejeras insulares titulares de áreas o 
departamentos insulares. 

c) 
Los 
consejeros 
o 
consejeras 
insulares 
que 
ejerzan 
competencias por delegación de la presidencia o de un consejero o 
consejera titular de área. 

d) 
Las personas miembros del consejo de gobierno insular. 
e) 
Las personas titulares de las coordinaciones insulares y de 
las direcciones insulares. 

 
2. 
El nombramiento de los altos cargos de los cabildos 
insulares que no reúnan la condición de miembros electos de la 
corporación insular se hará por: 

 
a) 
La presidencia del cabildo insular: las personas integrantes 
del consejo de gobierno insular, sean o no titulares de áreas o 
departamentos insulares, de entre quienes reúnan los requisitos de 
idoneidad exigibles para los altos cargos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

b) 
El consejo de gobierno insular: las personas titulares de 
las coordinaciones insulares y de las direcciones insulares, en la 
forma prevista en los artículos 74.2 y 76.2, sin que sea de 
aplicación el régimen jurídico del personal directivo previsto en la 
legislación reguladora de los empleados y empleadas públicas. 

 
3. 
A los altos cargos de los cabildos insulares les será de 
aplicación el régimen jurídico establecido para los altos cargos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, salvo las disposiciones de carácter 
organizativo y los órganos competentes, que se regirán por lo 
establecido en la legislación de régimen local, en esta ley y en los 
reglamentos orgánicos que se aprueben por los cabildos insulares”. 

 
Quinto.- El Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de la Palma (B.O.P núm. 33, 
de 16 de marzo de 2018) regula en el Capítulo II del Título II a los 
órganos directivos, entre ellos, el personal que desempeñe funciones de 
coordinación técnica de servicios comunes y las direcciones insulares 
(artículos 25 y siguientes). Por ello, el Cabildo Insular de La Palma, 
en ejercicio de la potestad de autoorganización que se atribuye a las 
entidades locales, ha dictado normas donde se definan las competencias 
y las características de este personal directivo, normas que, eso sí, 
serán desplazadas cuando se dicten las del Estado y las Comunidades 
autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

5 
 

Sexto.- El procedimiento de aprobación o modificación de 
disposiciones administrativas de carácter general será el siguiente: 

a) Con carácter previo, se realizará una consulta pública a 
través del portal web del Cabildo, señalando expresamente que dicha 
publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de los 
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectados por la futura norma, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 133 de la Ley 39/2015. No obstante lo anterior, podrá 
prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información 
públicas 
previstos 
en 
el 
caso 
de 
normas 
presupuestarias 
u 
organizativas 
de 
la 
Administración 
General 
del 
Estado, 
la 
Administración 
autonómica, 
la 
Administración 
local 
o 
de 
las 
organizaciones dependientes o vinculadas a estas, según establece el 
apartado cuarto del artículo 133. 

b) El Consejo de Gobierno Insular aprobará el proyecto de 
modificación del reglamento, según se establece en el artículo 41.1 a) 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

c) De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
corresponderá la aprobación inicial de la modificación del reglamento 
al Pleno de la corporación, previo dictamen de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

d) Una vez aprobado inicialmente el texto de la modificación del 
reglamento por el Pleno de la corporación, se abrirá período de 
información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas. 

e) Concluido el período de información pública, si se han 
presentado reclamaciones y/o sugerencias, estas deberán resolverse, 
incorporándose al texto de la modificación del reglamento los cambios 
derivados de la resolución de las alegaciones. 

f) La 
aprobación 
definitiva 
corresponde 
al 
Pleno 
de 
la 
corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123.1 
c) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión de Pleno. En el 
supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la 
aprobación inicial de la modificación del reglamento en el plazo de 
información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional. 

g) El acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del 
reglamento, con el texto íntegro del mismo, deberá publicarse para su 
general conocimiento en el tablón de anuncios del Cabildo Insular de La 
Palma y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, entrando en vigor tras 
haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo 
texto legal. Por su parte, el artículo 82.2 de la Ley 8/2015, de 1 de 
abril, de Cabildos Insulares, dispone que las normas reglamentarias se 
publicarán íntegramente, además de en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Boletín Oficial de Canarias. 

h) Tal y como dispone el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, 
“…Adicionalmente, 
y 
de 
manera 
facultativa, 
las 
Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad 
complementarios”. No obstante, el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno impone para las Administraciones Públicas la obligación de 
publicar los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda 
(apartado c)). Esta información será publicada en la sede electrónica 
o página web institucional, de acuerdo con el artículo 5.4 del mismo 
texto legal. 

6 
 

 
Según establece el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, “las entidades locales tienen el deber de remitir a las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los 
plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su 
caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los 
Presidentes 
y, 
de 
forma 
inmediata, 
los 
Secretarios 
de 
las 
Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber”, 
dentro del plazo de los seis días posteriores a la adopción de los 
actos y acuerdos, según añade el artículo 196.3 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre. 

En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte 
el acuerdo con el siguiente texto: 

PRIMERO.- Proceder a la modificación puntual Nº 1/2022 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en los siguientes términos: 

I.- Donde dice: 

“Artículo 24. Órganos directivos. 

1. El cabildo insular para el ejercicio de las funciones y 
competencias administrativas podrá establecer en su organización 
administrativa los órganos directivos que sean precisos en atención a 
su capacidad económica y necesidades de gestión. 

2. Los órganos directivos podrán crearse para la gestión de 
funciones administrativas internas relacionadas con la organización 
general del cabildo insular o para la gestión de los sectores 
funcionales específicos que se atribuyen a las áreas insulares. 

3. Las personas titulares de los órganos directivos quedan 
sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, y en otras normas estatales 
o autonómicas que resulten de aplicación. 

4. El régimen previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, será de aplicación al personal directivo del cabildo 
insular y al funcionariado con habilitación de carácter nacional que 
desempeñen puestos que hayan sido provistos mediante libre designación 
en atención al carácter directivo de sus funciones o a la especial 
responsabilidad que asuman. 

5. Son órganos directivos del Cabildo Insular de La Palma: las 
personas que desempeñen las funciones siguientes: la coordinación 
técnica 
de 
servicios 
comunes, 
las 
direcciones 
insulares, 
la 
vicesecretaría, la dirección del servicio de asesoría y defensa 
jurídica, la secretaría general del pleno, la intervención general 
insular y, en su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. 
También tendrán la consideración de órganos directivos, las personas 
designadas como titulares de los máximos órganos de dirección de los 
organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales 
dependientes o vinculadas al Cabildo Insular de La Palma. 

6. Las personas titulares de los órganos directivos podrán ser 
convocados a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación, 
incluidos los propios de la administración instrumental, de los que no 
sean miembros, en los que se traten asuntos respecto de los que 
desempeñen atribuciones, en cuyo caso solo tendrán voz y no voto y 
podrán ser interpelados por los miembros de aquellos respecto de las 
funciones que desempeñen”. 

7 
 

 
Se propone: 
 
“Artículo 24. Órganos directivos. 

1. El cabildo insular para el ejercicio de las funciones y 
competencias administrativas podrá establecer en su organización 
administrativa los órganos directivos que sean precisos en atención a 
su capacidad económica y necesidades de gestión. 

2. Los órganos directivos podrán crearse para la gestión de 
funciones administrativas internas relacionadas con la organización 
general del cabildo insular o para la gestión de los sectores 
funcionales específicos que se atribuyen a las áreas insulares. 

3. Las personas titulares de los órganos directivos quedan 
sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, y en otras normas estatales 
o autonómicas que resulten de aplicación. 

4. El régimen previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, será de aplicación al personal directivo del cabildo 
insular y al funcionariado con habilitación de carácter nacional que 
desempeñen puestos que hayan sido provistos mediante libre designación 
en atención al carácter directivo de sus funciones o a la especial 
responsabilidad que asuman. 

5. Son órganos directivos del Cabildo Insular de La Palma las 
personas que desempeñen las funciones siguientes: la coordinación 
técnica 
de 
servicios 
comunes, 
las 
direcciones 
insulares, 
la 
vicesecretaría, la dirección del servicio de asesoría y defensa 
jurídica, la secretaría general del pleno, la intervención general 
insular y, en su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. 
También tendrán la consideración de órganos directivos, las personas 
designadas como titulares de los máximos órganos de dirección de los 
organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales 
dependientes o vinculadas al Cabildo Insular de La Palma y aquellos 
órganos directivos contemplados en la norma básica reguladora de 
régimen local. 

6. Las personas titulares de las coordinaciones técnicas de 
servicios comunes y de las direcciones insulares ostentan la condición 
de 
altos 
cargos 
del 
Cabildo 
Insular 
de 
La 
Palma 
dadas 
las 
responsabilidades y relevancia de las funciones que se les atribuyan 
según la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Son 
funciones de un marcado carácter político, en cuanto les corresponde 
la dirección y coordinación de un sector material de las funciones o 
competencias de un área de gobierno del cabildo insular, que se 
desconcentran en el respectivo coordinador o coordinadora técnica de 
servicios comunes o director o directora insular, que, por ello, 
tienen el mismo carácter político que el órgano del que se 
desconcentran las competencias, siendo sometidos, asimismo, al control 
tanto del pleno como de sus comisiones. 

7. Las personas titulares de los órganos directivos podrán ser 
convocados a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación, 
incluidos los propios de la administración instrumental, de los que no 
sean miembros, en los que se traten asuntos respecto de los que 
desempeñen atribuciones, en cuyo caso solo tendrán voz y no voto y 
podrán ser interpelados por los miembros de aquellos respecto de las 
funciones que desempeñen. 

 
II.- Donde dice: 
 
“Artículo 
25. 
El 
personal 
que 
desempeña 
funciones 
de 
coordinación técnica de servicios comunes. 

8 
 

1. El Consejo de Gobierno Insular podrá nombrar, a propuesta de 
la presidencia, a una o varias personas que desempeñen funciones de 
coordinación técnica para la dirección y gestión de los servicios 
comunes de un área insular. Estos nombramientos, atendiendo a criterios 
de formación, competencia profesional y experiencia y a los principios 
de mérito y capacidad, deberán efectuarse entre el funcionariado de 
carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades 
locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a 
cuerpos o subescalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que, en 
atención a las características específicas de las funciones a 
desarrollar, su titular pueda designarse motivadamente entre personas 
que estén en posesión del grado universitario que habilita para el 
acceso a los cuerpos y escalas clasificados en el mencionado subgrupo 
A1. En todo caso, las personas titulares de las direcciones insulares 
deberán cumplir con los requisitos de idoneidad exigibles para los 
altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias. el pleno determine 
motivadamente, a través de la relación de puestos de trabajo, 
exceptuar a su titular de reunir dicha condición de funcionario, 
aunque deberá poseer, en cualquier caso, titulación superior o de 
grado y acreditar una experiencia de al menos tres años en el 
desempeño de puestos o cargos directivos en el sector público o 
privado. La designación se llevará a cabo mediante procedimientos que 
garanticen la publicidad y concurrencia. 

2. Estos nombramientos surtirán efectos desde la fecha en que se 
acuerden, sin perjuicio de su posterior publicación en el boletín 
oficial de la provincia. Asimismo deberá darse cuenta al pleno en la 
primera sesión inmediata que celebre. Cuando la persona titular de la 
coordinación técnica no sea personal funcionario estará sometida a una 
relación laboral de carácter especial de alta dirección. En este 
caso, su nombramiento no será efectivo hasta que no se suscriba el 
correspondiente contrato de trabajo. 

3. Las personas que desempeñen funciones de coordinación técnica 
de servicios comunes cesarán por acuerdo del consejo de gobierno 
insular, a propuesta de la presidencia y, en todo caso, cuando 
finalice el mandato de la corporación en que fueron designados. En el 
caso 
de 
que 
fueran 
personal 
funcionario 
de 
esta 
corporación, 
reingresarán al servicio activo en los puestos de trabajo de origen. 

4. Las retribuciones de las coordinaciones y coordinaciones 
técnicas serás las previstas en los presupuestos de la Corporación”. 

 
Se propone: 
 
“Artículo 
25. 
El 
personal 
que 
desempeña 
funciones 
de 
coordinación técnica de servicios comunes. 

1. El Consejo de Gobierno Insular podrá nombrar, a propuesta de 
la presidencia, a una o varias personas que desempeñen funciones de 
coordinación técnica para la dirección y gestión de los servicios 
comunes de un área insular. Los nombramientos deberán efectuarse de 
acuerdo 
a 
criterios 
de 
formación, 
competencia 
profesional 
y 
experiencia, entre el funcionariado de carrera del Estado, de las 
comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de 
carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en 
el subgrupo A1, salvo que en atención a las características específicas 
de las funciones de tales órganos directivos, su titular pueda ser 
designado de entre personas que no ostenten la condición de 
funcionarios y que estén en posesión del grado universitario que 
habilita para el acceso a los cuerpos y escalas clasificados en el 
mencionado subgrupo A1. Así mismo, las personas titulares de las 
coordinaciones técnicas de servicios comunes deberán cumplir con los 
requisitos de idoneidad exigibles para los altos cargos de la 

9 
 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. 
Estos nombramientos surtirán efectos desde la fecha en que 
se acuerden, sin perjuicio de su posterior publicación en el boletín 
oficial de la provincia. Asimismo deberá darse cuenta al pleno en la 
primera sesión inmediata que celebre. Cuando la persona titular de la 
coordinación técnica no sea personal funcionario estará sometida a una 
relación laboral de carácter especial de alta dirección. En este 
caso, su nombramiento no será efectivo hasta que no se suscriba el 
correspondiente contrato de trabajo. 

3. 
Las personas que desempeñen funciones de coordinación 
técnica de servicios comunes cesarán por acuerdo del consejo de 
gobierno insular, a propuesta de la presidencia y, en todo caso, 
cuando 
finalice 
el 
mandato 
de 
la 
corporación 
en 
que 
fueron 
designados. En el caso de que fueran personal funcionario de esta 
corporación, reingresarán al servicio activo en los puestos de trabajo 
de origen. 

4. 
Las retribuciones de los coordinadores y coordinadoras 
técnicas serás las previstas en los presupuestos de la corporación. 

5. 
En cualquier caso, el nombramiento de un coordinador o 
coordinadora técnica de servicios comunes que sea persona ajena al 
ámbito 
funcionarial 
deberá 
acreditarse 
por 
la 
existencia 
de 
características especiales que permitan identificar la concurrencia de 
una circunstancia excepcional. Se motivará mediante memoria razonada 
la existencia de dichas características especiales, que podrán ser, 
entre otras, estar en posesión de titulación universitaria relacionada 
con el perfil del área para el que sea nombrada la persona que 
desempeñe las funciones de coordinación técnica de servicios comunes o 
contar con experiencia laboral en áreas de naturaleza similar. 

 
III.- Donde dice: 
 
“Artículo 27. Las direcciones insulares. 

1. El consejo de gobierno insular podrá nombrar, a propuesta de 
la presidencia, a uno o varios directores o directoras insulares para 
la gestión de uno o varios sectores materiales homogéneos de las 
funciones 
atribuidas 
a 
un 
área 
insular. 
Estos 
nombramientos, 
atendiendo a criterios de formación, competencia profesional y 
experiencia y a los principios de mérito y capacidad, deberán 
efectuarse entre el funcionariado de carrera del Estado, de las 
comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de 
carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o subescalas clasificados 
en el subgrupo A1, salvo que, en atención a las características 
específicas de las funciones a desarrollar, el pleno determine 
motivadamente, a través de la relación de puestos de trabajo, 
exceptuar a su titular de reunir dicha condición de personal 
funcionario, aunque deberá poseer, en todo caso, titulación superior o 
de grado, y acreditar una experiencia de al menos tres años en el 
desempeño de puestos o cargos directivos en el sector público o 
privado. La designación se llevará a cabo mediante procedimientos que 
garanticen la publicidad y concurrencia. 

2. Estos nombramientos surtirán efectos desde la fecha en que se 
acuerden, sin perjuicio de su posterior publicación en el boletín 
oficial de la provincia. Asimismo deberá darse cuenta al pleno en la 
primera sesión inmediata que celebre. Cuando el titular de la 
dirección insular no sea personal funcionario estará sometido a una 
relación laboral de carácter especial de alta dirección. En este caso, 
su nombramiento no será efectivo hasta que no se suscriba el 
correspondiente contrato de trabajo. 

3. Las personas designadas como directores insulares cesarán por 
acuerdo del consejo de gobierno insular, a propuesta de la presidencia 

10 
 

y, en todo caso, cuando finalice el mandato de la corporación en que 
fueron designados. En el caso de que fueran personal funcionario de 
esta corporación, reingresarán al servicio activo en el puesto de 
trabajo de origen. 

4. Las retribuciones de los directores o directoras insulares 
serán las previstas en los presupuestos de la Corporación”. 

 
Se propone: 
 
“Artículo 27. Las direcciones insulares. 

1. El consejo de gobierno insular podrá nombrar, a propuesta de 
la presidencia, a uno o varios directores o directoras insulares para 
la gestión de uno o varios sectores materiales homogéneos de las 
funciones atribuidas a un área insular. Los nombramientos deberán 
efectuarse 
de 
acuerdo 
a 
criterios 
de 
formación, 
competencia 
profesional y experiencia, entre el funcionariado de carrera del 
Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o con 
habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas 
clasificados en el subgrupo A1, salvo que en atención a las 
características 
específicas 
de 
las 
funciones 
de 
tales 
órganos 
directivos, su titular pueda ser designado de entre personas que no 
ostenten la condición de funcionarios y que estén en posesión del 
grado universitario que habilita para el acceso a los cuerpos y 
escalas clasificados en el mencionado subgrupo A1. Así mismo, las 
personas titulares de las direcciones insulares deberán cumplir con 
los requisitos de idoneidad exigibles para los altos cargos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Estos nombramientos surtirán efectos desde la fecha en que se 
acuerden, sin perjuicio de su posterior publicación en el boletín 
oficial de la provincia. Asimismo deberá darse cuenta al pleno en la 
primera sesión inmediata que celebre. Cuando el titular de la 
dirección insular no sea personal funcionario estará sometido a una 
relación laboral de carácter especial de alta dirección. En este caso, 
su nombramiento no será efectivo hasta que no se suscriba el 
correspondiente contrato de trabajo. 

3. Las personas designadas como directores insulares cesarán por 
acuerdo del consejo de gobierno insular, a propuesta de la presidencia 
y, en todo caso, cuando finalice el mandato de la corporación en que 
fueron designados. En el caso de que fueran personal funcionario de 
esta corporación, reingresarán al servicio activo en el puesto de 
trabajo de origen. 

4. Las retribuciones de los directores o directoras insulares 
serán las previstas en los presupuestos de la Corporación. 

5. En cualquier caso, el nombramiento de un director o directora 
insular 
que 
sea 
persona 
ajena 
al 
ámbito 
funcionarial 
deberá 
acreditarse por la existencia de características especiales que 
permitan identificar la concurrencia de una circunstancia excepcional. 
Se motivará mediante memoria razonada la existencia de dichas 
características especiales, que podrán ser, entre otras, estar en 
posesión de titulación universitaria relacionada con el perfil del 
área para el que sea nombrado el director o directora insular o contar 
con experiencia laboral en áreas de naturaleza similar”. 

 
SEGUNDO.- Que por el Servicio Insular de Recursos Humanos, se 
proceda, en su caso, a realizar la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como en 
la correspondiente plantilla de personal, al objeto de suprimir 
aquellos puestos referidos a directores o directoras insulares que 
tengan naturaleza de altos cargos.” 

11 
 

Teniendo en cuenta que consta: 
 
I. Acta de la Sesión de la Comisión Jurídica de la FECAI, 
celebrada con fecha 7 de marzo de 2022, suscrita con el conforme del 
Secretario del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, D. Mariano de León 
Perdomo, el Secretario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, D. 
Domingo Jesús Hernández Hernández, el Secretario del Excmo. Cabildo 
Insular 
de 
El 
Hierro, 
D. 
Francisco 
C, 
Morales Fernández, la 
Secretaria del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, D.a María del Carmen 
Ávila Ávila, la Secretaria del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 
D.a María Dolores Ruiz San Román y el Secretario del Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura, D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez. 

II. Providencia de inicio del expediente para la aprobación de la 
modificación puntual Nº 1/2022 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, emitida por el Presidente, D. Mariano Hernández Zapata, de 
fecha 16 de junio de 2022. 

III. 
Informe propuesta emitido por la Secretaria General del 
Pleno, D.a María del Carmen Ávila Ávila, de fecha 22 de junio de 2022. 

IV. Providencia de solicitud de emisión de informe al Director 
Acctal. del Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica, suscrita por el 
Presidente, D. Mariano Hernández Zapata, de fecha 22 de junio de 2022. 

V. Informe emitido, conforme a Derecho, por el Director Acctal. 
del Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica, D. Alejandro José Brito 
González, de fecha 24 de junio de 2022. 

VI. Informe de fecha 1 de julio de 2022, complementario al 
emitido el 24 de junio de 2022, sobre la modificación puntual del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento”. 

 
No suscitando debate el asunto, la Comisión acuerda por 
unanimidad de los miembros corporativos presentes (8), aprobar la 
Modificación Puntual Nº1/2022 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, tal como ha sido transcrita, y dar continuidad a los trámites 
oportunos”. 

Sometido a votación, el Pleno de la corporación, por unanimidad 
de los Sres. y las Sras. Consejeras asistentes (19), adopta los 
siguientes: 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la 
Modificación Puntual Nº1/2022 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma.  

 
SEGUNDO.- Someter a información pública el presente Reglamento, 
de conformidad con lo dispuesto en el 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para la presentación 
de reclamaciones, alegaciones y sugerencias por un plazo de 30 días 
hábiles. 

12 
 

Transcurrido 
dicho 
plazo, 
si 
no 
se 
hubiesen 
presentado 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias, la citada Modificación 
Puntual Nº1/2022 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se considerará 
aprobada con carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo. 

 
 
Y para que conste a los efectos procedentes, y a reserva de los 
términos que resulten de la subsiguiente aprobación del Acta, según se 
determina en el Artículo 206 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la 
presente certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. 
Presidente, D. Mariano Hernández Zapata, en la sede del Cabildo Insular, 
y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, en la fecha de la firma 
electrónica,  
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

Firmado digitalmente por 
MARIA DEL CARMEN AVILA 
AVILA - DNI 13747415Q 
Fecha: 2022.07.14 10:38:27 
+01'00'
42189475T 
MARIANO 
HERNANDEZ 
(R:P3800002B)

Firmado digitalmente 
por 42189475T 
MARIANO HERNANDEZ 
(R:P3800002B) 
Fecha: 2022.07.14 
12:11:24 +01'00'

13 
 

MARIA DEL 
CARMEN AVILA 
AVILA - DNI 
13747415Q